La investigación de Derecho civil en las Universidades españolas ha crecido en cantidad y calidad en los últimos decenios. La medida de la cantidad es relativamente fácil y objetiva (número de tesis doctorales, de artículos de revista, de libros y contribuciones a libros, de congresos) y nos resulta a todos evidente. La medida de la calidad, por el contrario, requiere evaluación según ciertos criterios, lo que le dota inevitablemente de sesgos subjetivos. Ahora bien, es requisito constitutivo de una comunidad científica la existencia de criterios de calidad compartidos por los miembros de la misma.
Sería conveniente comprobar hasta qué punto los investigadores de Derecho civil de la Universidades españolas compartimos criterios básicos para apreciar la calidad de las investigaciones de Derecho civil y cuáles son estos criterios. Hacer explícitos y formular públicamente los consensos tácitos al respecto, previo debate abierto basado en la mejor información y la argumentación racional contribuiría poderosamente a mejorar en su conjunto la calidad de nuestras investigaciones y el nivel de autoconciencia de nuestra comunidad científica.
Nos ha parecido que un avance en esa dirección sería celebrar un Congreso sobre “Los marcos institucionales en la investigación de Derecho civil”. Nuestra investigación se produce en el seno de la Universidades españolas, sus Facultades y sus Departamentos, en un entramado de poderes, órganos y normas (políticos, administrativos, académicos) que delimitan, incentivan, encauzan y a veces dificultan nuestra actividad investigadora. También la evalúan: evaluación secundaria o de segundo grado que toma como punto de partida la evaluación primaria, mayormente informal, realizada diariamente en el seno de la comunidad científica. Evaluación institucional, realizada también y aun mayoritariamente por los propios investigadores, con resultados institucionales, puesto que atribuye derechos, facultades, ventajas, oportunidades (o, correlativamente, las cierra o dificulta).
Hemos elegido como objeto de reflexión cinco “marcos institucionales” : evaluación de Proyectos de I+D, reconocimiento administrativo de Grupos de investigación, evaluación para los sexenios, evaluación de la investigación en las acreditaciones para puestos docentes, formación de investigadores. Estas son las Ponencias del Congreso. No están todos los que son (por ejemplo, estatuto del PDI; en otro terreno, estructura de las revistas y de las editoriales jurídicas) pero sin duda son todos los que están.
Los que convocamos este Congreso comenzamos a interesarnos por estos temas como objeto de reflexión colectiva hace ahora tres años, cuando los Profesores Bercovitz y Delgado pusieron en circulación una carta dirigida a la entonces Directora General de Investigación sobre algunos aspectos de la evaluación para el reconocimiento de sexenios. La carta fue firmada por 23 catedráticos. Dos años más tarde ampliamos nuestras reflexiones en un documento firmado por un grupo similar de catedráticos. Que la preocupación por los problemas abordados está muy extendida entre nosotros es fácilmente comprobable. Buen indicio de ello a la vez que una contribución al debate lo proporciona la “acción complementaria” realizada bajo la dirección del Prof. Salvador Coderch ( ver informe en InDret, 3.08 )
Seis de los firmantes de los citados documentos, que ya nos habíamos reunido alguna vez para ponerlos en marcha, nos constituimos informalmente en el “Grupo Seis de Derecho Civil” (g6dc) y tanteamos la posibilidad de convocar a todos los catedráticos y titulares de Derecho civil de España a un Congreso en que pudieran manifestarse todas las opiniones y mantenerse pública y ordenadamente debates conducentes a clarificar nuestras actitudes ante las convocatorias par financiación de Proyectos de I+D, el reconocimiento de Grupos de investigación, la evaluación para el reconocimiento de sexenios, la evaluación de la investigación para las acreditaciones a puestos docentes o las normas y cauces para la formación de investigadores.
Tal es el Congreso que convocamos, sin más legitimación ni autoridad que la que los colegas queráis reconocernos. Sabemos de algunas de las limitaciones de esta convocatoria y probablemente vosotros veréis otras más. Por ejemplo, intuimos que los mismos o similares problemas y la misma necesidad de abordarlos tienen nuestros colegas de otras ramas del Derecho. Trabajar juntos sería sin duda apropiado y útil. Pero nosotros nos reconocemos sin fuerzas suficientes para lanzar una convocatoria pública que traspase los límites de nuestra área de conocimiento.
En definitiva, creemos que podemos prestar un buen servicio a la comunidad académica de investigadores de Derecho civil (y, en definitiva, a la sociedad) poniendo a su disposición y sometiendo a debate unas ponencias con información, un racimo de preguntas y algunas tentativas de respuesta. Cada una de las ponencias es el fruto de un trabajo colectivo comenzado hace meses, en el que han participado cinco o seis catedráticos (unos treinta en total).
Tan importantes como las ponencias entendemos que han de ser las comunicaciones que sobre cualquiera de los temas esperamos que lleguen en buen número y que desde ahora mismo os pedimos. El Congreso pretende ser un foro abierto en que todos podamos sentirnos cómodos y en nuestra propia casa, un foro que incite a presentar y argumentar con claridad las propias ideas y a acoger con empatía las de los demás.
El debate comienza ya. El precongreso es tan importante o más que las jornadas que tendremos en Toledo. Esta página web acogerá, en forma de comunicaciones o de comentarios en los blogs de cada ponencia, cuanto tengáis a bien enviar sobre las materias del Congreso, sin otros límites que los del Código penal y los de la cortesía académica.
También recabaremos vuestra opinión a través de encuestas.
Os esperamos en Toledo, los días 15 y 16 de octubre. Quizás podamos plasmar allí por escrito algunos consensos básicos. En cualquier caso, hablar entre nosotros en voz alta y en público contribuirá sin duda a enriquecer las ideas previas de cada uno y a mejorar nuestras prácticas en el terreno de la investigación y su evaluación. Puede ser un primer paso para un manual de buenas prácticas: de los investigadores, de los evaluadores y de las autoridades.
Todas las voces son importantes e imprescindible que se manifiesten muchas. Si no puedes asistir, no dejes por ello de enviar tus opiniones para que sean tenidas en cuenta en el debate.